Ponencia presentada al foro "Participación Política", realizado
en la ciudad de Bogotá los días 28, 29 y 30 de abril del 2013, en el marco de las negociaciones entre las FARC y el Gobierno Nacional para la terminación del conflicto. El evento estuvo coordinado
por la Universidad Nacional y el PNUD.
Este foro contó con la participación de importantes delegados
internacionales, 1265 participantes de todo el país, 154 partidos políticos,
148 movimientos políticos, 143 movimientos y organizaciones sociales, 139
organizaciones de mujeres y 400 ponencias que apuntan al tema de la
participación política de la sociedad en su conjunto y la de los insurgentes
reinstitucionalizados en una eventual terminación del conflicto.
El contenido de esta ponencia elaborada por la organización social
PLATAFORMA SUR -que coincidió con muchas de las propuestas allí presentadas- hace parte de los documentos producto de este foro que
serán allegados a la mesa de negociación de la Habana.
1. OBJETIVOS DE LA PONENCIA
1.1 Contextualizar histórica, política, económica
y culturalmente la discusión alrededor del 2° tema de la Mesa de Diálogo de la
Habana, “Acuerdo
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera”, que trata sobre las garantías de participación política en el país,
así como de
sus tres subtemas:
a. Derechos y garantías para el ejercicio
de la oposición política en general, y en particular para los nuevos
movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de
comunicación.
b. Mecanismos democráticos de participación
ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y
diversos temas.
c. Derechos y garantías para el ejercicio
de la oposición política en general, y en particular para los nuevos
movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de
comunicación.
1.2 Aportar propuestas de fondo para que
sean tenidas en cuenta en la Mesa en términos de principios, contenidos y
estrategias, en relación con los temas anteriores, indispensables para avanzar hacia una
propuesta de país con una democracia avanzada y participativa, propuestas que
recogen las experiencias, investigaciones y reflexiones de los miembros de
nuestra organización.
2. CONTEXTUALIZACIÓN Y PAUTAS PARA
GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
La paz en
Colombia, ha quedado demostrado, es el proceso de maduración social, económica
y política que le abra las puertas a la justicia social y a la democracia
política. En consecuencia, el acuerdo para la terminación del conflicto armado,
objeto de las conversaciones de La Habana, solo es posible si se acuerda entre
el gobierno y la insurgencia, con participación de la sociedad sociedad civil,
las condiciones para la transformación y restitución de la institucionalidad y
el inicio de una profunda reforma política que adecúe la participación
ciudadana al tamaño de un Estado verdaderamente democrático. Este proceso de
conversaciones gobierno-guerrilla, indudablemente requiere garantías y soportes
para su culminación y refrendación por mecanismos plebicitarios constituyentes
que reafirmen la voluntad de todos los colombianos de vivir en una Colombia en
paz con justicia social.
2.1 constantes
históricas QUE INFLUYEN EN RELACIÓN CON LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO
ARMADO Y LA CONSTRUCIÓN DE LA PAZ EN COLOMBIA:
2.1.1 Efectos del colonialismo,
neocolonialismo y globalización en la Colombia actual: El sistema capitalista
globalizado, que es la más acabada expresión del capitalismo monopólico, en
estos momentos vive su crisis general, y ubica a Colombia como un enclave
estratégico para mantener los intereses de los países potencia (EU, Unión
Europea, Japón, entre otros). En este sentido, el modelo económico del primer
mundo ha sido replicado en el tercero para así desarrollar el engranaje
político que le da vida y perpetuidad a las potencias. A cambio de la
aplicación de políticas macroeconómicas, estos países han financiado la guerra
que se libra al interior del país; “El Plan Colombia” es uno de esos planes de
financiación militar con la justificación de acabar con el narco-terrorismo.
Se pone de
presente la dependencia político-económica de nuestro país frente a las
potencias económicas que han implementado un modelo inequitativo, de violencia
y pobreza. El punto aquí sería la capacidad de nuestro gobierno nacional para
deshacerse del imperativo del primer mundo, construir país con sus ciudadanos y
afrontar el fin de este tipo de planes militares en Colombia.
En la Mesa
debe quedar claro cómo van a seguir jugando quienes históricamente y hasta hoy,
han estado dictando desde ultramar las pautas en lo económico, político, social
y cultural, intervencionismo que se ha disfrazado de antiterrorismo, –que
garantiza la pervivencia del modelo neocolonial-, y que hoy adiciona el disfraz
de la lucha contra narcotráfico. De ahí la importancia y significación de la
reciente solicitud de las FARC de que en la Mesa de Dipálgos se sienten también
los representantes de Washington.
A pesar de
lo anterior, en la coyuntura las negociaciones de paz gobierno-FARC-EP cuenta
con bastantes factores a favor: la agudización de la crisis del modelo en
Europa y EU, lo que ha incrementado la movilización social en los países que
ven perdidas sus conquistas sociales de siglos; el desarrollo de propuestas
socialistas en países vecinos y la nueva integración económica que se despliega
en latinoamerica con la UNASUR, ALBA, MERCOSUR y CELAC; la globalización de la
pobreza en nuestros pueblos que nos ha llevado a un despertar movilizador,
forzado por el hambre, desempleo, desplazamiento, etc.; la agudización del
despojo, especialmente por el capital minero-energético con la aceleración de
esta locomotora del “desarrollo”, lo que ha venido movilizando a las
comunidades por la defensa del territorio y la protección de los ecosistemas;
la reactivación del movimiento de sectores golpeados, perseguidos y asesinados
como el estudiantil, el campesino, el indígena, el de negritudes y los LGBTI. En
suma, la globalización del modelo neoliberal ha generado también el despertar,
la profundización y la globalización de las luchas sociales.
2.1.2 Violencia, narcotráfico,
corrupción y desigualdad, eventuales catalizadores de un proceso de paz. Que el pueblo colombiano
está cansado de la violencia lo demuestra el apoyo creciente a la iniciativa de
paz que se cocina en la Habana y a las que se ven venir de las demás fuerzas
insurgentes. Eso explica fenómenos inéditos como la gran movilización por la
paz que se volcó sobre la capital el pasado 9 de abril. Sin embargo, la elite
más corrupta, ultraderechista y más ligada al narcotráfico y al paramilitarismo
-que hoy se hace llamar “bacrim”-, aupada por el expresidente Uribe, se opone
radicalmente a los diálogos de paz. Al parecer un interés económico personal es
lo que hace inevitable el interés político que a su vez es personalista y
representa a un sector muy pequeño de la sociedad colombiana también llevada de
su interés privado que no general: el gran negocio de la guerra, que también
mueve a las élites militares y de policía y a estrechos círculos; el gran
negocio del narcotráfico y renglones conexos, (banqueros lavadores,
contrabandistas, traficantes de personas, grandes ganaderos rentistas del
latifundio, etc.), pues reconocidos economistas muestran que entran más divisas
a Colombia (cerca de US 20.000 al año) por lavado de activos que por todas las
demás exportaciones.
Adicionalmente,
en uno de los países más desiguales del mundo y donde nunca ha sido posible una
reforma agraria en favor de los campesinos: lo que se ha visto en los últimos
años es una contrarreforma agraria con millones de campesinos desplazados y de
hectáreas robadas por viejas y nuevas élites terratenientes. La tímida Ley
1448/11 de Víctimas y Restitución de Tierras no se ha aplicado sino en mínima
parte, y se ve al Estado en incapacidad de implementarla, pues los victimarios
(sectores que se oponen a las tratativas de paz) siguen envalentonados y
continúan segando la vida de los líderes que se atrevan a reclamar sus
derechos. La principal paradoja del Estado colombiano actual radica en que el
ejecutivo se muestra incapaz de materializarar lo que el legislativo aprobó, lo
cual refleja una profunda división entre la misma elite política colombiana: un
gran sector “progresista” que ya no confía plenamente en el averiado modelo
neoliberal, por lo cual prefiere acercarse a los modelos reformistas del resto
del subcontinente, frente a otro gran sector de derecha recalcitrante que
quiere mantener intacto, a sangre y fuego, el caduco orden neocolonial. Esta
división es tan significativa, que hasta las instituciones más puristas de la
ultraderecha, como el partido Puro Centro Democrático, resultó fracturado en
los últimos días con el nuevo liderazgo disidente que puede cobrar uno de sus
principales fundadores, el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, quien en
su reciente carta llama a respaldar los diálogos de paz. Adicionalmente, debe
sopesarse que la actitud asumida por la Casa Blanca y el Pentágono tendrán un
peso muy importante en el futuro de las negociaciones de paz, y tal actitud aún
no parece estar clara. Prueba de ello, es su insistencia en impedir la
participación de Simón Trinidad en la comisión negociadora. Si Obama se
inclinara por permitirlo, podría tomarse como una señal real favorable a los
diálogos. De ahí que el gobierno Santos deberá presionar seriamente esta
solicitud.
Igual que
en el campo, la tendencia a la concentración de la riqueza en la ciudad es
acelerada, lo que profundiza los niveles de pobreza e indigencia. Es obvio que
los usufructuarios de este “orden” absurdo, no van a querer cederle espacio a
quienes pregonamos la necesidad de una paz negociada con justicia social, pues
correrían riesgos de ver recortados sus privilegios. A favor de la salida
negociada se anota esta división coyuntural de la burguesía colombiana, por
cuanto los beneficiarios del modelo imperante son cada vez menos, mientras
crece el número y la conciencia de la elite que estaría dispuesta a participar
en un nuevo orden social, signado por condiciones de pacificación; igualmente
es notoria la pérdida de credibilidad y gobernabilidad de las redes políticas
dominantes que, entre otras, se habían comprometido a desmontar el
paramilitarismo y el terrorismo de Estado, fenómenos que siguen al orden del
día golpeando a las comunidades y a sectores organizados. No obstante, el
camino no se ve claro y éste sólo podría despejarse como resultado de un nuevo
pacto social, donde todos los sectores de la sociedad se comprometan en un
pacto político, económico, social y cultural, capaz de virar el contexto de
violencia en el que hemos estado avocados los colombianos desde épocas
inmemoriales. Por las dimensiones de este desafío tal pacto sólo podría
cimentarse recurriendo a una Asamblea Nacional Constituyente en la cual la
mayoría constituyente, a diferencia de la de 1991, lleven una real vocería
popular.
2.2 LA NECESIDAD DE LA
RECONTEXTUALIZACIÓN SOCIO-CULTURAL PARA UNA CULTURA DE PAZ Y LA PARTICIPACIÓN
DE LA SOCIEDAD CIVIL
Ante los
grandes desafíos de una apuesta triunfadora para la propuesta de paz, necesariamente
ha de consultarse la dinámica sociocultural de la sociedad colombiana, con el
fin de poner a jugar a favor de la paz a las inmensas fuerzas sociales, que hoy
se encuentran sectorizadas y divididas. En aras de la brevedad consideraremos
por separado a: los partidos y movimientos políticos, las ramas del poder
público, las iglesias, las organizaciones sociales, los medios masivos y el
aparato educativo.
2.2.1 Los partidos políticos deben
definir y asumir un papel activo frente a la construcción de la paz. En Colombia hay nuevos
movimientos políticos que han cerrado filas frente a los retos de la solución
política negociada al conflicto y la participación decidida de estos en las
conversaciones para poner fin al conflicto, pero para que su papel sea
realmente eficaz se debe definir su estatus político y jurídico. En un país
fragmentado en pequeños partidos, la construcción de esta gran apuesta política
debe concentrar todos los sectores, fuerzas y organizaciones que respalden la
actual coyuntura de conversaciones para
la terminación del conflicto.
Esto dará
una dinámica mayor y más participativa para los inminentes debates electorales
del 2014, debates para que se recupere el componente programático y las
iniciativas sociales y políticas de reconstrucción del país y se vigorice la
discusión sobre el tipo de país que soñamos, marco en el cual se perfilarán los
nuevos liderazgos.
2.2.2 Las diferentes ramas del poder
público por mandato constitucional deben aportar a la construcción de la paz. Ya el Ejecutivo, con el
presidente Santos a la cabeza, está dando un buen ejemplo de su voluntad
constructora de paz, lo que en la coyuntura parece estar ligado
indisolublemente a su reelección. Algunos sectores de la izquierda deberían permitirse
barajar sin pasión esta opción coyuntural en aras de la consolidación del
proceso, pues el mandatario parece decidido a jugársela frente al resto de la
elite gobernante. Adicionalmente, cada ministerio, entidad descentralizada,
gobernación y alcaldía deberán expresar públicamente su posición y su
estrategia para aportar en la construcción de la paz en la actual coyuntura y
poner a trabajar a todos los funcionarios públicos en tal dirección.
Al igual,
el legislativo en sus diversos niveles ha de discutir y aprobar proposiciones en
donde las mayorías fijen sus posturas y definan sus estrategias de cara al país
para alimentar el proceso de paz. Uno de sus grandes aportes deberá ser la
concertación con los demás poderes, el movimiento social y los insurgentes para
la creación de la Comisión de la Verdad para que investigue a fondo el
genocidio colombiano y el despojo paramilitar, así como las irregularidades que
puedan haber cometido los insurgentes y las fuerzas estatales, al igual que la
dinámica de la reparación de las víctimas, aspecto éste que compete en primera
instancia al Estado. Urge igualmente al congreso la reglamentación del de la
Ley Marco para la Paz, a fin de viabilizar su aplicación generosa en el evento
de la firma para la terminación del conflicto, que garantice la vinculación de
los alzados en la dinámica de la construcción de paz con justicia social. En
otras circunstancias será difícil y aún imposible el avance en la construcción
de la paz estable y duradera.
Al poder
judicial le compete también asumir posiciones claras, las que ya se comienzan a
aclarar con la postura del fiscal general Eduardo Montealegre, claramente
orientada a garantizar la inclusión de los insurgentes y la posibilidad de su
plena participación en la política institucional. Compete a la Corte
Constitucional en esta hora crucial dar su aprobación a la Ley Marco Jurídico
para la Paz, sin cuya concurrencia difícilmente los diálogos de la Habana
podrían continuar.
A las
instancias que han definido una actitud francamente violatoria de la Constitución,
cual es el caso del procurador Ordóñez, ha de generarse un movimiento de
opinión por las instancias competentes para que sena removidos de sus cargos
sin perjuicio de los juicios disciplinarios, políticos y penales por los daños
sobrevinientes contra el pueblo colombiano.
2.2.3 Las iglesias han de recuperar
su esencial compromiso con los débiles que son las mayores víctimas de la
guerra. Las
diversas iglesias se replantean volver a la esencia del Evangelio Cristiano en su
compromiso con los pobres y oprimidos. Con el peso e incidencia que tienen las
iglesias y, en particular la Católica en el pueblo colombiano, es su deber
principal en la coyuntura llamar a las feligresías a tomar parte activa en la
construcción de la paz, superando la apatía o la indiferencia con la
construcción de la paz en nuestro país. Estrategias que debería estudiar la Mesa para concertar
con las jerarquías religiosas estrategias de socialización y sensibilización
del proceso de construcción de iniciativas de paz, entre otras: concertar con
las jerarquías una visita papal al
país, comprometida con un llamado activo hacia la construcción de la paz;
elaborar un catecismo para la paz que pueda ser estudiado o practicado por sus
diferentes estructuras orgánicas y comunidades; impulsar su participación en la
Asamblea Nacional Constituyente, -ANC- como uno de los sectores más
representativos del pueblo colombiano.
2.2.4 Al igual que los partidos, las
organizaciones sociales han de comprometerse en la construcción de la paz. El concepto de
organizaciones sociales –OS- aquí lo tomamos con mayor extensión que el de
ONGs: abarca a sindicatos, ONGS, asociaciones, corporaciones, empresas, clubes,
etc. En la actual coyuntura nacional, al interior de cada OS ha de motivarse la
discusión y la toma de posición frente a la construcción de la paz como el bien
común de todos. Así, retomando la invitación del escritor William Ospina, todas
las OS han de participar en la “construcción de la paz antes de la paz”, como
condición indispensable para que se consolide y se institucionalice en medio de
tantos enemigos agazapados, los más, y declarados, los menos.
Es
necesario que cada OS convoque a sus respectivas asambleas o congresos para que
definan las estrategias programáticas y operativas con las que van a participar
en la construcción de la paz. Debe así refrendarse que la paz no es una
resultante de una decisión burocrática del gobierno y las guerrillas, sino una
responsabilidad de todos los colombianos, pues casi todos nos hallamos
adscritos a una o varias OS. Particular responsabilidad atañe a los
representantes de la sociedad civil que lideran las grandes OS del país como
las sindicales, campesinas, estudiantiles, indígenas, negritudes, de mujeres y
movimiento LGBTI. Su accionar frente a la construcción de la paz será
definitivo para hacerla realidad.
2.2.5 Los medios masivos como
constructores de opinión pública tienen la mayor responsabilidad social en la
construcción de la paz. Es de esperarse que los medios masivos de comunicación asuman,
en general, una actitud prevenida hacia el actual proceso de paz. Sin embargo,
es necesario llamarlos a que cumplan con su responsabilidad social
comunicacional que garantice el derecho a la información de los ciudadanos. Los
medios de comunicación deberán ajustarse a una reglamentación y regulación por
parte del Estado y de la sociedad orientados a cumplir los fines de la
construcción de paz en nuestro país. Se requerirá pactar en la Habana,
estrategias informativas masivas que permitan mostrar el verdadero valor y
sentido de los avances en las tratativas de paz; las partes deberán crear una
Comisión Especial de Comunicación que pueda hacer llegar con carácter
obligatorio a toda la opinión pública y por todos los medios: la información
sobre las propuestas que las partes y la sociedad en su conjunto ponen sobre la
mesa. De esta manera se esperaría cohesionar una opinión pública alrededor de
las iniciativas constructoras de paz.
2.2.6
El aparato educativo debe asumir su obligación de generar consciencia y
compromiso en la construcción de la paz. Siendo el aparato educativo una
herramienta tan poderosa en el moldeamiento de la conciencia de las nuevas
generaciones y en los padres de familia, deben impartirse directrices desde las
más altas instancias gubernamental y gremiales para que se tome en serio esta
responsabilidad que ha de concretarse en las clases y demás actuaciones
académicas. Cabe aquí hacer un fraternal llamado a los (las) educadores(as)
para que se sacudan del acomodamiento y anquilosamiento que parece predominar
en las instituciones educativas, en relación con la responsabilidad de aportar
a la construcción de la nueva Colombia en paz con justicia social. Cada
educador debe saber que puede hacer algo en tal dirección y llevarlo a la
práctica. Las instancias de administración y control de la educación deberán
instaurar la cátedra de la paz y otros programas de capacitación y apoyo en
todas instituciones educativas y niveles, de tal manera que se vea un renacer
cultural con los nuevos vientos de paz, revoluciones y reformas socioeconómicas
y culturales que soplan ya en la mayoría de los países de América Latina. Las
instituciones educativas en su programa especial de educación para la paz
deberá incluir un capítulo que incluya una pedagogía para la paz y la
participación política destinado a directivos, docentes y estudiantes.
3. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
ESPECÍFICAS FRENTE AL 2° TEMA Y LOS SUBTEMAS DE NEGOCIACIÓN
3.1 FRENTE AL “Acuerdo para la terminación del conflicto y
la construcción de una paz estable y duradera”, que trata sobre las garantías
de participación política en el país
Sopesando
los pros y los contras de la coyuntura en relación con los diálogos de paz
entre los alzados y el gobierno se concluye que pesan más las condiciones
favorables que las desfavorables para llegar a buen puerto, pero que para su
éxito se requieren varios componentes indispensables a saber:
- Promover
la participación de las instancias institucionales y de las diferentes formas
organizativas de la sociedad civil en un único haz de voluntades que se
comprometan para neutralizar a los enemigos de la paz, al tiempo que han de
emprender, desde sus particularidades, programas concretos constructores de
paz.
- Pactar
una única hoja de ruta que comprometa a todos los actores del conflicto con el
acompañamiento decidido de la comunidad internacional para avanzar en la construcción
de la justicia social y el establecimiento de la memoria histórica.
- Pactar
la institucionalización de un programa
amplio y generoso que acoja a los alzados y los integre en la construcción de
las nuevas estructuras garantes de la paz y la justicia social. Estas
estructuras deberán abarcar tanto a la sociedad civil como a las instancias
estales, incluidas las militares.
En cuanto a
la hoja de ruta, deberán negociarse y consensuarse entre las partes al menos
las siguientes estrategias:
- Aprobación
en la Corte Constitucional de la Ley Marco Legal para la Paz ya aprobada en el
congreso.
-
Aprobación en el congreso con moción de urgencia del gobierno, la ley
reglamentaria de la aplicación de la Ley Marco Legal para la Paz que garantice
la inclusión de los insurgentes con derechos políticos plenos para asumir
cargos en todas las instancias del Estado. Sin menos cabo de responsabilidades
por delitos de lesa humanidad que puedan haberse cometido en el curso del
conflicto y posibles formas alternativas de resarcimiento, a partir de normas
de justicia transicional.
-
Convocatoria de un referendo en el que se consulte a los colombianos sobre su
voluntad de refrendar los acuerdos mediante el mecanismo de una ANC de amplia
representación popular que deberá consagrar reformas estructurales en una nueva
constitución política. Para su aprobación será necesaria la instauración de una
pedagogía nacional para la paz, un programa de una Comisión Especial de
Comunicaciones, potenciada para informar objetivamente sobre lo pactado, las
estrategias y las responsabilidades de las diferentes instancias estatales y de
la sociedad civil, así como sobre el compromiso concreto de estas instancias
con la construcción de la paz duradera con justicia social.
- Convocatoria
de la ANC en el evento de que el referendo fuera aprobado en las urnas. Para
que ésta logre los objetivos buscados, los Acuerdos deberán incluir las
estrategias para asegurar una configuración con presencia mayoritaria de los
sectores sociales organizados. Para asegurar esta mayoría cualitativa en la ANC
deberá pactarse y consultarse en el referendo que al menos la mitad más uno de
los constituyentes sean elegidos directamente por los grandes sectores socales
organizados de cobertura nacional. El porcentaje restante de los constituyentes
sería elegido por voto nacional y abierto.
3.2 FRENTE A Derechos y garantías
para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los
nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a
medios de comunicación
la nueva Constitución Política deberá establecer la
participación política para todos los ciudadanos, y deberá incluir un nuevo
sistema electoral que excluya el clientelismo, la corrupción, la compra de
votos, para lo cual deberá prever mecanismos estatales de financiación de los
partidos políticos que llenen los requisitos, así como de las campañas
electorales. Deberá también echar las bases de un estatuto de la oposición que
garantice su pleno ejercicio y penalice
severamente la constricción de los votantes.
Condición
indispensable para que estos objetivos se logren, será el desmonte de los
grupos paramilitares o BACRIM, depurando sus propias fuerzas militares y
neutralizando los carteles del narcotráfico y mafias conexas. Para ello, el
Estado deberá comprometerse con la legalización de los estupefacientes y su
control, bajo un manejo como problema de salud pública y no como un tema penal.
Es
fundamental que el ejercicio del derecho de asociación se negocie como punto especial
en la mesa, para fortalecer al movimiento sindical, lo cual animará la presencia
de la oposición política y garantizará la participación ciudadana.
Se hace
necesaria la construcción del Estatuto de la Oposición, para lo cual será
necesario la creación de mesas municipales, departamentales y nacionales.
En cuanto
al acceso a la comunicación, además de lo dicho arriba sobre la creación de la
Comisión Especial de Comunicación para la superación del conflicto, el Estado
deberá fortalecer los medios masivos estatales y los medios alternativos y
comunitarios de comunicación, y prever severas sanciones contra aquéllos que
contradigan las políticas de paz.
3.3 Respecto a los Mecanismos
democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación
directa, en los diferentes niveles y diversos temas
El acuerdo
para la terminación del conflicto deberá prever varias medidas que garanticen
realmente la participación ciudadana en las diferentes instancias y niveles de
la cosa pública, entre otras:
- Los
partidos y sus candidatos deben ser programáticos frente a cada aspecto y nivel
de la cosa pública y deberán responder ante sus votantes por la ejecución del
respectivo programa.
- Deberán
preverse mecanismos ágiles para la revocatoria del mandato, o de la elección en
caso de incumplimiento comprobado a sus electores en temas del programa.
- El Estado
deberá crear un subprograma en el MEN para que ofrezca una educación eficaz a
todos los habitantes sobre sus derechos, garantías, posibilidades y
responsabilidades políticas, sociales y culturales.
- Se debe
hacer énfasis en la participación ciudadana en la elaboración de los planes de
desarrollo, de tal manera que los gobernantes deban acoger con carácter
obligatorio las demandas comunitarias más fundamentadas, pero teniendo en
cuenta las restricciones de políticas y planes de orden superior.
- El
Estado deberá crear incentivos reales para los ciudadanos que se distingan en
actividades de participación y control en torno a la cosa pública, para lo cual
deberá preverse un mayor empoderamiento de instancias como las veedurías
ciudadanas y reglamentando su especialización según los sectores de la
actividad pública.
- Del
mismo modo se ha de prever los incentivos a la actividad autogestionaria,
participativa y generosa de los ciudadanos y las comunidades para las
soluciones de problemas y necesidades colectivas y la cogestión con las
instancias y organismos estatales, así como supervisión y evaluación
participativa.
- Deberán
igualmente ampliarse y reglamentarse los mecanismos y estrategias públicas de
rendición de cuentas de los mandatarios y demás instancias de elección popular,
ampliando los canales ciudadanos para el acceso a la información de los entes
públicos, de tal manera que se avance significativamente en el control de la
corrupción y el clientelismo.
-
Finalmente se requiere ampliar la participación ciudadana en la formulación de
las leyes, en los distintos niveles. Para ello, es aconsejable disminuir los
requisitos y restricciones para que el legislativo asuma el estudio de
proyectos de origen popular, pero en particular, aquellos que correspondan a
iniciativas de las organizaciones sociales de sectores sociales específicos.
- Es
necesario asumir el enfoque territorial parael reconocimiento de las
iniciativas terriotriales y regionales de construcción de paz de modo
diferenciado, pues no es igual el escenario de construcción de paz en la zona
norte del país que en la zona sur, dichas iniciativas diferenciadas
territorialmente de construcción de paz deberán ser incorporandolas al proceso
de construcción para una paz estable y duradera.
Neiva
Huila, abril de 2013.