Por: Belén Alarcón Alarcón
Directora Plataforma Sur
Empieza la negociación del segundo punto: la participación política, considerada por algunos, eje y soporte de los otros cinco puntos de negociación. Reto que enfrentarán el gobierno y las guerrillas de las Farc y que comprometerá la participación de los ciudadanos que han confiado en los beneficios de un proceso de construcción de paz, fundamentado en la negociación política y no en las balas.
Antes de entrar en adivinaciones sobre la suerte de este crucial punto, valdría la pena pensar en qué medida el país, sobre todo nuestro Huila, está en condiciones de efectivizar, en un escenario de acuerdo del fin del conflicto, la agenda agraria de cambio, en donde lo regional y lo local adquieren dimensiones inéditas, en un posible escenario de pos-negociación, que no de pos-conflicto, pues este sólo se daría luego de un período de construcción y firma del acuerdo de paz estable y duradera. Esto debe quedar claro para quienes desde distintos extremos, imaginan equivocadamente, que a la firma del acuerdo para poner fin al conflicto, se producirían automáticamente los profundos cambios que las regiones necesitan y que han sido aplazados durante más de seis décadas.
El departamento del Huila constituye un claro ejemplo de la estructura y tenencia de la propiedad rural, del comportamiento del sector agropecuario y del desarrollo rural durante las últimas décadas.
Según cálculos del Informe Nacional de Desarrollo Humano del Pnud, “Razones para la esperanza”, el índice de concentración de tierras supera el 0.86; el desarrollo agropecuario que constituye el primer renglón en el PIB del departamento fue desplazado por el sector de la minería que pasó a ser la primera actividad productiva con un crecimiento del 6.1% ; el desarrollo rural, si es que podemos hablar de él, ha privilegiado la agricultura comercial, agroindustrial y una parte del sector cafetero, mientras las economías campesinas declinan, amenazándose la seguridad alimentaria de los huilenses, teniendo que recurrir los campesinos durante los últimos cinco años a movilizaciones para hacerse reconocer y demandar derechos fundamentales: acceso a tierras, formalización de la propiedad, créditos, infraestructura rural, bienestar social, todo lo cual, está supuestamente acordado en el primer punto de la agenda y que el Huila tendrá que preparase para realizarlo. Si según el registro de tierras despojadas, en el Huila existen 332 solicitudes de restitución, correspondientes a 15.319 hectáreas, el 50% predios solicitados en Baraya e Isnos, ¿dónde están las tierras a restituir para que los campesinos accedan a ellas? ¿Lo tendrán agendado las élites políticas y quienes aspiran a gobernar estas tierras del ‘Barcino’?