Decisiones que son
tomadas por el gobierno nacional sobre los territorios regionales, repercuten
en la vida de las comunidades locales, quienes por lo general nunca son
consultadas de las disposiciones de palacio. El Estado nacional, por su
carácter centralista, ha desconocido el discernimiento político de los
habitantes de las regiones, quienes como única posibilidad deben someterse a
decretos y licencias presidenciales, que supuestamente no tienen reversa.
Por su parte, los
gobiernos locales, fungen como parte de la red política del gobierno central,
que lejos están de oponerse o –por lo menos- disentir a las decisiones del
presidente. De esta manera, las comunidades locales carecen de representación
efectiva en los cargos de representación de la democracia indirecta que ostenta
nuestro Estado Social de Derecho.
Como ya lo
reflexionaran las investigaciones del CINEP, la construcción de Estado en
Colombia se ha dado a partir de redes clientelares que articulan el poder central
al poder local. Lo plantea Fernán González al “Interpretar la historia política colombiana desde la articulación de la
competencia interna entre grupos oligárquicos dentro de cada región, que se
basan generalmente en una relación de tipo clientelista que establece una
mediación política y social entre los individuos y sus familias con el jefe
local o gamonal” (González, 1997).
Este proceder político se ve reflejado en el
caso concreto del Quimbo, que con la justificación de ser una decisión de
Estado, los gobernantes y padrinos políticos locales fueron incapaces de
oponerse al proyecto, aún a sabiendas de los efectos negativos que traería para
el departamento del Huila. Doblegados a la política del poder central y
defendiendo sus personales intereses, no representaron los intereses regionales
de la ciudadanía, desconociendo el bienestar general.
Ante el negocio firmado por el expresidente
Uribe con la multinacional EMGESA de la entrega del territorio, continuado por
el presidente Santos y la anuencia de los
gobiernos departamental, municipales y la dirigencia política en general; los senadores,
representantes y diputados del departamento, incluso llegaron a reclamarse
orgullosamente la paternidad del proyecto, como lo hiciera el senador Rodrigo
Villalba como un gran pater del
Huila. La ciudadanía en oposición al P.H. Quimbo fue señalada con el
calificativo de mamertos de izquierda que le endilgara el senador Hernán
Andrade a quienes alertarmos desde hace más de cuatro años de las afectaciones
económicas y sociales que traería este proyecto desplazador.
Hoy, la carta del Alcalde de
Gigante es un llamado desesperado al poder central para que ayude a solucionar
el problema local que generó una decisión tomada a puerta cerrada en el palacio
presidencial. El constituyente primario, como es natural, toma su lugar en la
región en demanda de simples derechos constitucionales. Paradójicamente,
constituyente primario y representantes públicos entran en contradicción,
cuando los segundos deben ser la voz de los primeros y que, en la
administración pública, deben velar por el bienestar y el interés general.
Ver carta:
