El pasado 29 de agosto, cerca de trecientas personas pertenecientes a los municipios de Villavieja, Tello y Baraya, esperaban la llegada de la gobernadora del departamento y del director de la CAM a las instalaciones de la discoteca Las Palmeras, lugar de encuentro comunitario, donde lejos de celebrarse una fiesta hervía en fervor por la tan esperada rendición de cuentas por parte del gobierno departamental por las últimas decisiones políticas sobre el territorio en el Norte del Huila.
A las 3: pm inició la reunión con el Comité de Afectados por la declaratoria de Parque Natural Regional, donde convergen ganaderos, agricultores, operadores turísticos, los alcaldes de Villavieja y Baraya, concejales de los municipios afectados, entre otros, que se han organizado para investigar el Acuerdo 017 del 2008 y 016 del 2011 de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena –CAM que declara área protegida en la categoría de Parque Natural Regional 35.830 hectáreas que incluye a los municipios de Villavieja, Tello y Baraya. Luego de trámites, gestiones e insistencia comunitaria fue posible que la gobernadora, Cielo González, y el director de la CAM, Rey Ariel Borbón, llegaran al escenario local, donde no fueron recibidos con aplausos como estaban acostumbrados, a escuchar los intereses de la comunidad y se lograra la reapertura de las mesas de concertación.
La reunión se desarrolló de manera dialogante, dejándose claras las posiciones de los actores en conflicto, en cuanto a los rumbos políticos del bosque seco tropical La Tatacoa. La comunidad se manifestó muy molesta por la declaratoria de Parque Natural Regional, pues esta categoría elimina la actividad humana en la zona diferente a la conservación y al ecoturismo, por lo que más de 4.500 campesinos que habitan la región se verían desplazados y la producción agropecuaria prohibida, lo que afectaría de manera grave la soberanía y la seguridad alimentaria de la región.
Frente a la decisión pública la comunidad se siente ultrajada, ya que no fue consultada y, en cambio, impuesta soterradamente por el gobierno departamental de la mano de la entidad autónoma CAM. Los campesinos argumentan que nunca les contaron nada ni los hicieron partícipes de la declaratoria que opera sobre el territorio, cuando se dieron cuenta no podían acceder a subsidios o créditos agrarios debido a la categoría de Parque Natural Regional. Con respecto a esto un campesino expresó en la reunión:
“Gobernadora cuando usted llegó al recinto nadie la aplaudió, ¿sabe por qué? Porque es la expresión de una comunidad que siente que le maman gallo todas las veces que se citan a los altos directivos para que consulten con nosotros las decisiones que afectan la comunidad”.
El movimiento ciudadano que ha generado la declaratoria de la CAM en el norte del Huila, cada vez hace más consciente a la opinión pública de la necesidad de hacerle veeduría a las decisiones políticas de los gobernantes. Con la sorpresa de una comunidad empoderada, se encontró la cúpula gobernante del departamento, que acostumbrada a dirigir sin ser auditada por la ciudadanía y casi ni controlada por el aparato judicial, le fue difícil comprender al constituyente primario reclamando con razones la defensa de su tierra y el territorio.
Acostumbrada a la manera tradicional de hacer política, la gobernadora expresó: “Aquí no está cualquier perico de los palotes, está la gobernadora y el director de la CAM, ustedes nos tienen que creer”.
La comunidad angustiada con decisiones tan graves que afectan la vida social y en tanto pusieron la votación mayoritaria a la gobernación de Cielo González, no acepta el que ahora se legisle contra el bienestar general de quienes eligieron a sus servidores públicos. Hoy los villaviejunos entienden que no debe creerse ciegamente en los sujetos que representan la institucionalidad por el solo hecho de estar en estos cargos y que los servidores públicos no siempre son neutrales o no siempre favorecen el interés general.
En relación con la situación concreta de Tatacoa y la tensión entre interés privado e interés general desde el aparato estatal, otro campesino afirmó: “Estoy de acuerdo con la inversión privada y los proyectos que ustedes van a presentar. ¡Pero sin amenazas! porque doctor, yo estoy seguro que ustedes nos van a amenazar, con el cuento que si no hay declaratoria de Parque no van a haber recursos para el desarrollo de nuestras comunidades”.
En este sentido, Diana Valenzuela, presidenta del Comité de Afectados, analiza la situación de gobernabilidad en la región: “Los servidores públicos y contratistas del Estado parecieran no estar capacitados para sustentar el deber ser de una consulta previa o el ejercicio de la participación comunitaria, entendiendo a ésta como la construcción conjunta de procesos, sino que están solo capacitados para el hacer, aplicando mecánicamente procedimientos básicos, más o menos estandarizados que no están bien fundamentados en el campo de los derechos y de las ciencias sociales”.
Es por esta misma razón que el Comité de Afectados por la declaratoria de Parque Natural Regional, ha vetado en pleno la injerencia de Suna Isca en el territorio, organización consultora contratada por la CAM para realizar el Plan de Manejo Ambiental. Al respecto el secretario de prensa del Comité de Afectados del Parque Natural Regional y habitante de Tatacoa, Oscar Almanza, expresó lo siguiente: “La socialización es la comunicación analítica entre la institucionalidad y las comunidades, es la inclusión de todos en la construcción de la cultura de la convivencia. La socialización se fundamenta en la participación de todos los actores para concertar los intereses en juego. ¿Por qué no aceptamos la propuesta de Suna Isca? Porque la declaratoria de Parque Natural no fue socializada con los actores del desierto de la Tatacoa, no hubo participación de todos, no es posible construir un Plan de Manejo Ambiental de lo que no se comparte y de lo que no se conoce”.
Los funcionarios públicos no tuvieron otra alternativa más que escuchar a la comunidad y defenderse de las acusaciones y reclamos de la comunidad, ante las cuales argüían que estaban allí para resolver los problemas de la gente. El director de la CAM, Rey Ariel Borbón, en medio del abucheo generalizado, atinó a decir: “Nosotros cuando tomamos una decisión de este tipo nunca fue pensando en causar daño a la comunidad”.
Frente a las declaraciones del director de la CAM, la investigadora del Centro de Estudios Regionales del Sur – CERSUR, Tania Helena Gómez afirma que: “Pareciera entonces que los gobernantes y funcionarios públicos no supieran lo que implican las decisiones políticas que toman, por lo que podría deducirse que sus decisiones están basadas en un gran desconocimiento, ya que, según las declaraciones del director de la CAM, se puede entender que se expiden acuerdos sin el conocimiento jurídico, social, económico y ambiental de los daños que se puedan causar a las comunidades. Así que la buena fe, no exime de responsabilidad política al gobernante, pues las decisiones políticas deben ser tomadas con un análisis exhaustivo previo y con la participación de la comunidad y siempre deben estar en concordancia con el bienestar general”.
En la reunión se presentó el video “Tatacoa, nosotros somos el campo”, documental que realizaron las organizaciones Conciencia Verde, el Centro de Estudios Regionales del Sur (CERSUR) y Plataforma Sur de Organizaciones Sociales. En el video se muestra la posición de la CAM, de las comunidades, de las organizaciones sociales y de la academia frente a la declaratoria de Parque Natural Regional. Funcionarios de la CAM se refirieron al video como un montaje que manipuló la información, a lo que la directora de investigaciones del CERSUR, Erika Andrea Ramírez, respondió argumentando el derecho a la información diciendo: “Los funcionarios públicos están obligados a informar a la ciudadanía en general y a la academia en particular sobre las decisiones que toman en cumplimiento de sus funciones. La grabación se hizo acudiendo a este derecho ciudadano y entendiendo que todo producto audiovisual requiere de un proceso de edición que está orientado según la posición académica de los investigadores; la posición del funcionario de la CAM da cuenta de la posición conservacionista de la escuela holandesa que tiene la CAM, que se evidencia en la declaratoria de Parque Natural Regional, posición que no compartimos los académicos del Centro de Estudios Regionales del Sur”.
Luego de una fuerte discusión pública con el gabinete de la gobernación -entre quienes se encontraban la gobernadora Cielo González; el secretario de agricultura, Alfonso Barragán; el secretario de gobierno, Julio Cesar Triana y el director de la CAM, Rey Ariel Borbón- se firmó un Acta donde la administración departamental y la corporación autónoma se comprometen con la comunidad representada en el Comité de Afectados del PNR y los alcaldes de Villavieja y Baraya en nueve puntos básicos, entre los que encuentran la concertación de la categoría idónea para el Área Protegida de Tatacoa, la no expropiación a los campesinos habitantes de la zona, la continuidad de la actividad agropecuaria de manera sostenible, el no desarrollo de ninguna actividad minera o petrolera, entre otros.
Finalmente, lo que se puso de presente fue la existencia de un movimiento ciudadano que está auditando las decisiones de los gobernantes y dispuestos a co-administrar sus territorios con la institucionalidad. De ahí, que ya la comunidad estudia propuestas alternativas para el área protegida como la categoría de Distrito de Manejo Integrado, propuesta que permitiría el comanejo y la actividad agropecuaria sustentable.
Resalta también el trabajo organizativo y político de las organizaciones sociales que han acompañado este proceso ciudadano, Conciencia Verde, el Centro de Estudios Regionales del Sur (CERSUR) y Plataforma Sur de Organizaciones Sociales, quienes han respaldado y avivado la autodeterminación de las comunidades campesinas ancestrales que habitan el bosque tropical seco La Tatacoa, en un reconocimiento de la cultura tatacoense y de los campesinos como sujetos políticos; asumiendo al campesinado como sujeto de derechos, en relación directa con el derecho al territorio. Gracias a este trabajo es notorio el nivel de conciencia alcanzado sobre el ecosistema y la participación ciudadana que tienen hoy los habitantes de La Tatacoa. Los gobernantes ya no pueden argüir la frase comodín “Eso ya no tiene reversa, la decisión ya está tomada, eso va porque va”, pues los huilenses han avanzado en la construcción de ciudadanía y están dejando claro que pueden ejercer su derecho a la veeduría ciudadana, la información y la participación comunitaria.