Por: Belén Alarcón
Los recientes acontecimientos que han enfrentado al gobierno de Bogotá y el gobierno nacional, muestran diferencias sin precedentes en la historia de la gobernabilidad en el país.
Que el alcalde de Bogotá elegido con 870.000 votos, de lejos ganador por encima de sus competidores entre ellos la señora Gina Parody, haya trasladado su despacho a las instalaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, nos revela los alcances y diferencias en la aplicación de la política pública, especialmente frente a la provisión de servicios públicos en la capital, ante la captura de su prestación por contratistas privados en algunas ocasiones ligados con redes mafiosas. Y no es para menos, Petro con su política del mínimo vital de agua, que la Corte Constitucional extendió como derecho para la población de todo el país y con su programa de basuras cero, ha enviado un mensaje inequívoco a la opinión pública nacional, sobre la necesidad de la recuperación y defensa de lo público, que tiene asustados a los gobiernos nacional, departamentales y municipales que han llegado al poder como simples delegados de los intereses privados y a los contratistas del agua y la basura, que han entrado en pánico al advertir que en Bogotá, Petro comenzó la batalla por el fin de sus reinados.
Mientras los medios de comunicación actúan como cruzados en defensa de los contratistas que capturaron al Estado, el alcalde de Bogotá con su gabinete y la comunidad, cierran filas en torno a la defensa de lo público, eje fundamental del plan de desarrollo Bogotá Humana.
La diferencia Petro-Santos no radica en que pertenezcan a partidos políticos distintos, ni a que la capital esté gobernada por la oposición, pues no es la primera vez que ésta la gobierna, si no en el hecho que la actual alcaldía encarna un enfoque de derechos que en defensa de lo público, aspira a restituirle a la población los derechos que le han sido conculcados por los gobiernos privatizadores que han seguido un libreto vergonzosamente neoliberal.
De ganar Petro esta pelea, como aspiramos los defensores del bien común que así sea, tendrán que poner sus barbas en remojo los gobiernos departamentales con los malhadados planes departamentales de agua PDA y los municipales con las Empresas Públicas, verdaderos fortines de privatizadores, clientelas políticas y focos de corrupción.
Los huilenses que estamos atentos, nos aprestaremos a, como en la capital optar por la defensa de lo público, como se intentó en el pasado con la Empresa de Servicios Públicos Aseopita, iniciativa popular que fue aplastada por la administración del alcalde Osorio Botello y la ola privatizadora iniciada en el país. ¿Qué pensarán en el actual contexto la gobernadora y alcaldes municipales?