Por: Belén Alarcón
Directora Plataforma Sur
Para quienes creyeron hace veinte años que la tierra y el desarrollo rural habían desaparecido de la agenda de políticas públicas de los gobiernos nacionales, el tema incorporado como primero en la agenda de negociación iniciada en Oslo, salta como una liebre en el escenario político actual.
Y no es para menos, la cuestión agraria presente desde los años treinta, con la revuelta de los campesinos liderados por Juan de la Cruz Varela Erasmo Valencia, Jorge Eliecer Gaitán; luego en el año sesenta y cuatro, incorporada en el programa agrario de las, por ese entonces nacientes FARC y también reivindicada por la ANUC durante los setentas, siguió animando el curso político de la nación.
Por supuesto, los términos de la llamada reforma agraria de los campesinos, liderada ahora desde la Mesa Nacional de Unidad Agraria, han cambiado visiblemente. De la antigua lucha por la tierra y la consigna “la tierra para el que la trabaja” se ha pasado hoy a luchar por el derecho al territorio, lo que sin duda complejiza mucho más su solución, a expensas de una criollada de terratenientes que siempre se opusieron a empezar por el principio: La distribución equitativa de la tierra.
De hecho, el derecho al territorio, va más allá de la posesión de la tierra e involucra la lucha por el derecho al agua, vías, infraestructura con servicios, créditos, seguros de cosechas, subsidios, asistencia técnica, mercados justos, equilibrio ecosistémico y respeto a la autonomía cultural, en consonancia con una relación amigable con la naturaleza, que se corresponda con el concepto de desarrollo sostenible. En Colombia, un país con los más escandalosos índices de concentración de la tierra y de perceptible atraso en su modelo rural, estos aspectos complementan la legendaria lucha de los campesinos por el acceso a la tierra y configuran el nuevo concepto de territorio y su papel en la construcción de paz, de los cuales deberá percatarse el gobierno nacional, si no quiere verse rebasado y si pretende estar a la altura de la discusión iniciada en la Habana, teniendo como testigo excepcional a la comunidad internacional.
Comenzar por donde comenzó nuestro gran conflicto agrario, es el reto no solamente de los negociadores en la Habana, sino del país entero. En el departamento del Huila el cumplimiento de las Agendas de Desarrollo Rural y Paz, pactadas entre el gobierno departamental con los campesinos en la protesta de la pasada “semana de la indignación”, puede ser un buen comienzo y un mensaje responsable que enviarían los huilenses a los negociadores de la Habana.
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