Por: Nemesio Gómez
En Colombia la palabra patrón carga una singular connotación. Alude a una especie de señor feudal, al cual sus súbditos o empleados rinden especial pleitesía al llamarlo: ¡PATRÓN! También lo pronuncian, así sea con hipocresía, quienes esperan obtener un beneficio del personaje. El pasado 27 de noviembre, día especialmente vergonzoso para Colombia, confirmó ser un país de patrones, cuando el Senado de la República en un festín politiquero decidió por 80 votos, contra 6 abstenciones del partido Polo, reelegir al ultraconservador procurador. Al amigo y baluarte del expresidente Álvaro Uribe Vélez (AUV), éste también sindicado de haberse hecho reelegir amañadamente, al hacer reformar para el efecto la Constitución Nacional por una espuria mayoría de un voto, VOTO COMPRADO a la congresista Yidis Medina; excongresista que ha pagado varios años de cárcel por ese cohecho, mientras sus “cohechantes” están aún lejos de las rejas, pese al amplio acerbo probatorio en su contra.
¿Por qué tan aplastante mayoría del Congreso Colombiano reelige a quien viene fungiendo como su patrón Alejandro Ordóñez, para que por otros cuatro años continúe al frente del máximo cargo del Ministerio Público, (encargado de vigilar la moralidad pública y el limpio desempeño de los empleados del Estado), a sabiendas de que estaban violando, por lo menos 3 artículos de la Constitución Nacional? Respuesta: todos los que votaron la reelección del Procurador observan las reglas de los patrones colombianos, las que se acercan más a un contubernio, utilizando triquiñuelas para imponer al amaño su voluntad, pisoteando impunemente las leyes vigentes en un país que aparenta ser de derecho. Todos esperan de él beneficios… La Cámara Alta colombiana ha violado, al menos, los Arts. 276, 126 y 183 de la Constitución Política, según opinión de dos de los más ilustres expresidentes de la Corte Constitucional, entre otros. (Ver http://www.semana.com/politica/oposicion-advierte-reeleccion-del-procurador-violo-constitucion/188899-3.aspx )
En este aturrullo de patronazgos para “elegir” Procurador, viciado de constitucionalidad, emerge una incógnita mayúscula: ¿Cómo es que los hasta ahora, en público, irreconciliables patrones AUV –expresidente- y Juan Manuel Santos, –Presidente actual en trance de reelección-, terminan unidos de nuevo para respaldar la reelección del Procurador ultraconservador? La hipótesis parece ser que ambos tienen rabo de paja, pues cargarían con la probable corresponsabilidad de delitos de lesa humanidad, entre los cuales no se descartarían los crímenes, cometidos mientras éste fue Ministro de Defensa de Aquél, delitos que la Corte Penal Internacional ya ha insinuado querer investigar, dado el grado de impunidad en que se encuentran. Entre éstos se mencionan los desaparecidos sospechosos de oposición política, atribuibles principalmente a fuerzas estatales y paramilitares, al igual que los asesinatos de indefensos jóvenes, llamados eufemísticamente “falsos positivos”. Recientemente se ha ventilado en medios internacionales, de boca del entrenador mercenario de paramilitares, el israelí Yair Klein, la responsabilidad del Patrón AUV en la financiación del entrenamiento de los primeros paramilitares del Magdalena Medio en los años ochenta, que después se multiplicaran por miles para asesinar colombianos indefensos, y con caudas que aún llegaron a amenazar la vida del presidente venezolano Chávez.
La mencionada unión de intereses se confirmó por boca de la inicialmente candidatizada por el propio presidente Santos a la terna para elegir procurador, la abogada María Mercedes López. Ella asegura que se vio obligada a renunciar a la aspiración pues el Presidente, luego de proponerla, ni siquiera se dignó recibirla para estudiar una estrategia de campaña en la que uno de los puntos, sería solicitar al Senado el aplazamiento de la elección para poder hacer una mínima campaña, pues el candidato Procurador, hoy reelecto, llevaba más de tres meses de campaña y ella apenas iniciaba. Al sentirse comodín e ignorada por su promotor, jugador de poker, no tuvo otra opción que renunciar, pero el Senado tuvo también la desfachatez de ignorar su renuncia. Confirmado que el uribista Procurador reeleccionista siempre fue el verdadero candidato del presidente Santos. El ya un poco retardado olfato de la María Mercedes “Comodín” precipitó la apresurada y afanada renuncia.
Salta a la vista que unos diálogos de paz de las insurgentes FARC con un presidente tan habilidoso, hijo de la rancia oligarquía que se enseñorea sobre sesenta años de genocidio contra el pueblo colombiano y quien capitanea el Estado, son prospectados con recelo, por lo que podría sobrevenir para la insurgencia y sus simpatizantes una vez hicieran dejación de armas. Elemento importante a tener en cuenta es la carta de Gloria Gaitán, la hija del candidato presidencial Jorge Eliecer Gaitán asesinado en 1948, en la cual sustenta la tesis de la existencia de un Estado Genocida, desde los años de sucedido este magnicidio. (Ver http://www.mbsuroccidentedecolombia.org/inicio/gloria%20gait%C3%A1n.html)
Esta tesis se reconfirma tras la condena por la Corte Interamericana de DH al Estado Colombiano por su responsabilidad en el genocidio contra los miembros de la Unión Patriótica. Sin embargo, a pesar del desenmascaramiento ante el mundo de semejantes estrategias, la estrategia genocida se refina en los últimos treinta años. Evolucionó del terror de los “pájaros” y la “policía chulavita”, a un país controlado por los grupos paramilitares, y de éstos, a las actualmente denominadas bandas criminales (BACRIM) que cambiaron de jefes en su mayoría, pero no en su accionar ni en su inmenso poder económico. Para muestra, en lugares como Medellín se están reviviendo amenazas contra miembros del nuevo movimiento de izquierda Marcha Patriótica. En otras regiones ya se han presentado asesinatos.
No se perfila aún cómo una oligarquía que controla el poder económico y militar y que utiliza sus medios de comunicación para azuzar una pronta desmovilización de la insurgencia, sin que se toquen las estructuras inhumanas de explotación y miseria para las mayorías, vaya a respetar unos hipotéticos acuerdos de paz, sobre todo si han logrado el desarme de esos insurrectos que amenazaban su hegemonía, mientras sus hordas paramilitares se siguen pavoneando armados hasta los dientes y se pretende extender licencia para la impunidad a sus fuerzas militares, pues ya está ad portas de aprobación en el Congreso el fuero militar para juzgar acciones de guerra. Seguramente las FARC saben de sobra que negociar con “Patrones” es demasiado riesgoso. Está por verse cómo se hará el desmonte de las BACRIM. Porque, por ahora, la tregua navideña sólo podría ser vista como otro gesto de paz coyuntural de las guerrillas.
No obstante la popularidad del régimen colombiano ha mermado notoriamente con el descalabro del fallo de la Corte Internacional de Justicia, que entrega a Nicaragua más de 80.000 Kms. del hasta ahora colombiano Mar de las Antillas, dejando a los raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sin la pesca, fuente de su sustento. El gobierno Santos hasta ahora ha respondido con una pataleta retirándose del Pacto de Bogotá, decisión que para nada varía los efectos del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Las encuestas muestran que más del 80% de los colombianos plantean la desobediencia a este fallo. Sin embargo, no parece que el desenlace bélico con Nicaragua, posiblemente sobreviniente de optar por el desacato, pueda favorecer a nadie.
El régimen colombiano, bajo el gobierno de Santos no querría acercarse a una integración económica en la Alianza Bolivariana para América o ALBA que ya integra a doce países de Suramérica y el Caribe con su acuerdo TCP, (Tratado de Comercio de los Pueblos). Este sería el mejor escenario para que los pueblos de Colombia y Nicaragua se encuentren bajo una sola bandera, integrando proyectos de aprovechamiento de riquezas del Mar Caribe común, para beneficio y provecho de nuestros pueblos, abandonando la práctica premoderna de pelearse por fronteras marítimas. Indudablemente la unión dentro del ALBA-TCP sería la solución más fácil y amigable para favorecer los intereses comunes, aprovechando mancomunadamente los recursos en disputa y superando el diferendo limítrofe.