TERRORISMO DE ESTADO ANTE LA DEMANDA DE DERECHOS CAMPESINOS

35 campesinos heridos dejó la brutal represión que ejercieron las fuerzas del Estado ESMAD, ante la concentración de más 7.000 campesinos de los departamentos del Huila y Caquetá que se movilizaron del campo a la ciudad de Neiva para reclamar elementales derechos que les son reconocidos en la Constitución Política pero que materialmente no gozan dada la situación de desigualdad y pobreza en la ruralidad.

Ante la llegada de la marcha campesina la gobernadora del departamento del Huila y el alcalde salieron de la ciudad, dejando a cargo de sus responsabilidades como administradores locales a otros funcionarios de la institución estatal. Ante dicha situación la comisión negociadora del campesinado ha tenido reuniones con el gobernador encargado, Carlos Trujillo, quien el día 12 de octubre dilató la negociación mientras en el lugar de la concentración, la vía Neiva-Bogotá, las fuerzas del Estado atacaban brutalmente a la ciudadanía. En el lugar de los hechos, el ESMAD destruyó el campamento, los alimentos y lesionó a hombres y mujeres campesinas que exigían pacíficamente sus derechos. De este fatal suceso quedaron 35 campesinos heridos de gravedad, uno de ellos con trauma craneoencefálico severo.



Más de 500 hombres del ESMAD traídos del Tolima, Villavicencio, Bogotá, Putumayo y Caquetá, reprimieron brutalmente la concentración campesina el día de ayer. Ante tal situación la negociación se rompió, sin embargo el gobernador encargado se comprometió a seguir con la negociación al día siguiente, 13 de octubre, pero la sorpresa al día de hoy es la no asistencia del señor gobernador encargado Carlos Trujillo y el aplazamiento de la negociación de manera unilateral hasta el día martes 16 de octubre.


Esta situación evidencia la manera como el gobierno y sus representantes evaden las responsabilidades que tienen como gobernantes y la nula voluntad política que tienen con la ciudadanía, con quien tienen una obligación política y una responsabilidad material por la falta en el cumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, quienes de manera reiterada han desconocido la Constitución Política de Colombia, la norma de normas.

Ante la demanda de derechos la represión estatal sale a la defensa del modelo político económico imperante. Para los gobernantes es inaceptable el cuestionamiento a la injusticia social en la que vive la sociedad colombiana en general. Ante una marcha ciudadana pacífica la solución es la violencia, el gas lacrimógeno, las balas de goma y las bombas aturdidoras. Violencia material y simbólica es lo que el gobierno asentado en el Estado da a sus ciudadanos, a los campesinos productores de alimento. Los gobernantes lejos están de ser el pueblo soberano.

¡La pobreza, la injusticia y la guerra es lo que nos hace salir a la calle!

¡Reclamamos un Estado justo y soberano!

¡Nos declaramos indignados!