LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS PARTICIPANTES DE LA SEMANA DE LA INDIGNACION EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA DENUNCIAN ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL LOS SIGUIENTES HECHOS VIOLATORIOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS.
- La gobernadora del Huila Cielo González Villa, conocía de la llegada de más de 16.000 mil campesinos y campesinas a la capital del departamento del Huila y sin embargo decidió darle la espalda al pueblo soberano e irse de la ciudad con su secretario de gobierno.
- El 11 de Octubre la Comisión Política de la Semana de la Indignación, conformada por delegados de municipios del Huila y el Caquetá, tuvieron una primera reunión de concertación con el gobernador encargado, CARLOS EDUARDO TRUJILLO GONZÁLEZ, reunión en la que este asumió el compromiso de servir de puente para concretar una comisión de garantes, así como convocar a los ministros de los ramos pertinentes para iniciar el proceso de concertación, compromisos que fueron incumplidos.
- Para el 12 de Octubre de 2012 y en concertación con el gobernador encargado, fue citada una reunión con 20 delegados de los distintos municipios pero a la entrada de la gobernación los asistentes fueron sometidos a empadronamientos y dilaciones, pudiendo ingresar a la gobernación sólo a las 3 y 30 de la tarde, luego de ser interrogados y reseñados por el capitán de la policía Amaury Aguilera, la intendente Margot Hernández y el agente Luis Vargas.
- El gobernador encargado dilató de manera injustificada la toma de decisiones en dicha reunión, mientras la fuerza pública iniciaba una brutal arremetida contra los cerca de siete mil ciudadanos campesinos y estudiantes que estaban apostados en la vía que de Neiva conduce a la ciudad de Bogotá.
- En el lugar de los hechos hicieron presencia miembros del ejército nacional quienes portaban armas largas, fusiles Galil, haciendo uso además de armas no convencionales como material explosivo, gas pimienta, bombas de aturdimiento que impactaron directamente a los manifestantes las balas de goma fueron disparadas a corta distancia, con la evidente intención de generar contusiones y daños graves en los presentes.
- Algunos policías se dirigieron a los cambuches apostados en el barrio Villa Constanza y los incineraron, regaron y pisotearon las comidas que habían en los calderos, destruyeron las remesas, intimidaron a jóvenes, mujeres y hombres que estaban ejerciendo el legítimo derecho a la protesta. Para los campesinos estos lugares donde tenían sus sitios de aprovisionamiento y de dormida, eran su hogar por lo que la actuación de la fuerza pública puede considerarse como allanamiento de morada, pudiendo estar los miembros de la misma y el comandante de la policía departamento Huila Coronel Peláez incursos en una investigación penal y disciplinaria.
- Varias personas fueron detenidas y el ingreso de las ambulancias fue restringido, así como el ingreso de la comisión de derechos humanos, de miembros del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Defensoría del pueblo.
Las organizaciones sociales, campesinas, estudiantiles, indígenas agrupadas en los movimientos sociales Congreso de los pueblos y Marcha patriótica, convocantes de la semana de la indignación exigimos:
- Al Gobierno Nacional asegurar los derechos fundamentales a la vida, la libertad, a la protesta, la libertad de expresión y la integridad física, de los participantes en la jornada de indignación.
- A la Vicepresidencia de la República, asegurar los Derechos Fundamentales de los participantes en la semana de la indignación y garantizar que la fuerza pública no cometa más atropellos contra la población civil, así como investigar y sancionar las actuaciones delictivas en que incurrieron los miembros de la fuerza pública en el barrio Villa Constanza del municipio de Neiva.
- A la Fiscalía General de la Nación para que investigue al comandante de la policía Huila coronel Peláez, y a los miembros de la policía nacional, escuadrón móvil antidisturbios y miembros del ejército nacional, por haber cometido el delito de allanamiento de morada, detención ilegal y haber sobrepasado sus funciones constitucionales.
- A la Procuraduría General de la Nación, investigar los hechos en lo que compete.
- A la Defensoría del Pueblo, tomar las medidas correspondientes para asegurar la vida y la integridad física y moral de los participantes en la movilización.